El Gobierno limita el sueldo de los directivos de empresas públicas y reduce el número de consejeros

En una nueva medida destinada a la reestructuración del Sector Público y a recortar gastos, el Gobierno presidido por Mariano Rajoy ha decidido limitar a 105.000 euros anuales el sueldo base de los directivos de las mayores empresas públicas. Según ha declarado la portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, esto implicará una reducción media entre el 25 y el 30 por ciento de las retribuciones de estos directivos.
Además, el Gobierno ha establecido también límites al número de consejeros de las empresas públicas en función de su tamaño. Con esta medida, Sáenz de Santamaría ha estimado que se reducirá en aproximadamente un centenar el número de consejeros existentes en el conjunto de empresas públicas.

Suma de todas las retribuciones

Este límite de 105.00 euros anuales será para los directivos de las grandes empresas públicas. Según ha explicado Sáenz de Santamaría, para los directivos de empresas medianas el límite máximo de su retribución serán 80.000 euros anuales, mientras que para las de menor tamaño, el límite se establece en 55.000 euros anuales.
A estos límites se añadirán una serie de complementos y retribuciones ligadas al puesto de trabajo, ya que, como ha señalado Soraya Sáenz de Santamaría, “lógicamente, no cobrarán lo mismo los directivos que el consejero delegado”. Los complementos los establecerá el Ministerio de Hacienda, igual que las retribuciones variables, que estarán obligatoriamente ligados a que las empresas cumplan los objetivos establecidos.
Lo que sí estará incluido en el límite de las retribuciones serán el resto de retribuciones en especie, como la vivienda, la manutención, seguros de vida o resto de prebendas que pueden tener los directivos de las empresas públicas. Es decir, la suma de todos estos conceptos, más el sueldo del directivo, no podrá exceder en 105.000, 80.000 o 55.000 euros anuales, dependiendo el tipo de empresa pública.

Reducción del número de consejeros en empresas públicas

Igualmente, además de establecer límites de retribuciones de los directivos, el Consejo de Ministros ha decidido limitar el número de consejos del sector público empresarial. Así, establece también tres límites, dependiendo del tamaño de la empresa pública: las de mayor tamaño podrán tener un máximo de 15 consejeros, las de tamaño medio 12, y las más pequeñas, no podrán superar los 9 consejeros.
Con estas medidas, Soraya Sáenz de Santamaría ha afirmado que estas medidas pretender fomentar tres principios: “Transparencia, criterios homologados de retribución en todo el sector empresarial público y límites a esas retribuciones". Además, ha comentado que estos límites son "sensiblemente inferiores a los del sector privado para empresas del mismo mercado".

Bancos y empleados públicos

Estas medidas establecen continuidad con otras medidas adoptadas anteriormente, dentro de la reforma del sistema financiero y de la reforma laboral.
Para los directivos de entidades públicas, el Gobierno aprobó la semana pasada, dentro de la reforma laboral, las indemnizaciones por cese de los directivos de las empresas públicas. Así los citados directivos, cuando sean cesados de su función, no tendrán derecho a ningún tipo de indemnización si se reincorporan a la Administración Pública a su puesto de funcionario, si es que son funcionarios. Para los que no se incorporen a la Administración, se les indemnizará únicamente con siete días por año trabajado, con un límite de seis mensualidades.
A principios de febrero aprobó el límite de sueldo de los directivos de entidades financieras que hubieran recibido ayudas del Estado o hubieran sido intervenidas. Para las que habían recibido ayudas, el Gobierno limitó el sueldo de sus dirigentes a 600.000 euros anuales, y 300.000 para los de las entidades intervenidas. Igualmente, prohibió las indemnizaciones para directivos de entidades financieras que hayan sido sancionados por su gestión.

La nueva reforma laboral abarata el despido y facilita la bajada de sueldos

El Gobierno ha aprobado una nueva reforma laboral, por decreto Ley, y entrará en vigor el próximo lunes 13 de febrero, aunque posteriormente tendrá que ser refrendada en el Parlamento. Esta nueva reforma laboral abarca un gran número de campos del mercado de trabajo.
Según la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, “fomenta la contratación, potencia los contratos indefinidos y flexibiliza las condiciones laborales de las empresas”. Todo ello, encaminado a intentar frenar el paro en España, que tiene ya una tasa de desempleo del 22,85% de la población activa.

Reducción de 45 a 33 días y reducción del sueldo

Con la nueva reforma, el empresario podrá reducir el sueldo de los trabajadores sin previo acuerdo si hay "probadas razones económicas, técnicas, organizativa o de producción”. Se le comunicará al trabajador con 15 días de antelación, y si éste no lo acepta, se podrá rescindir el contrato con una indemnización de 20 días por año trabajado y un máximo de nueve meses.
La novedad más significativa de la reforma laboral es la reducción de la cuantía a pagar en caso de despido improcedente improcedente. A partir de ahora, se pasa de 45 días por año trabajado con un límite de 42 mensualidades a 33 días por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades. Así, los trabajadores con contratos firmados antes de la reforma laboral, tendrán dos tipos de indemnizaciones: 45 días para lo trabajado antes de la reforma, y 33 días para lo trabajado tras la reforma.
Igualmente, se han redefinido las causas del despido objetivo. Aunque la indemnización para este tipo de despidos se mantiene en 20 días por año trabajado con un tope de 12 mensualidades, ahora será suficiente con que la caída de ingresos o ventas en la empresa se produzca durante tres trimestres consecutivos para poder aplicar este tipo de despido.
Otro de los cambio del despido objetivo es que ahora los organismos y empresas públicas también podrán acogerse a este tipo de despido para poder echar a su personal laboral. Para el personal directivo de compañías públicas, se limita la indemnización a siete días por año trabajado, siempre que los cesados no son funcionarios, ya que en este caso no recibirán ningún tipo de indemnización, ya que volverán a ocupar su plaza normal.

Se modifican los ERE y los descuelgues de convenios

El Gobierno también ha modificado parte de los procedimientos de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE). Así, ha eliminado la autorización administrativa previa para los ERE. A cambio, la empresa tendrá la obligación de comunicar a la autoridad laboral su intención de reducir la plantilla y abrir un período de consultas con los sindicatos, aunque la decisión final será del empresario.
En cuanto al descuelgue salarial de una empresa respecto al convenio por el que se rige, el empresario podrá aplicarlo, pero siempre y cuando llegue a un acuerdo previo con el comité de empresa. Igualmente, y en relación a los convenios, se elimina la prórroga automática de los mismos cuando caduquen y estén en proceso de negociación, limitándose su vigencia a dos años desde que caduque.

Lucha contra el paro juvenil y formación de los trabajadores

En cuanto a la lucha contra el paro juvenil la ministra de Trabajo, Fátima Báñez, aseguró que se ha diseñado “pensando en los ciudadanos que están en el paro y sobre todo en los jóvenes, que ahora no tienen oportunidades”. Así, se crea un nuevo tipo de contrato bonificado con una deducción de 3.000 euros para empresas con menos de 50 trabajadores y que contraten a menores de 30 años.
Por el contrario, recupera la prohibición de encadenar contratos temporales durante más de dos años, aunque esto entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2013.
Entre el resto de medidas adoptadas, están:
•Derecho de cada trabajador a recibir 20 horas anuales de formación relacionadas con su puesto de trabajo.
•Se restructuran las bonificaciones existentes, dirigiéndolas especialmente a colectivos concretos, como pequeñas y medianas empresas, discapacitados o víctimas de violencia de género.
•Creación de un plan especial de lucha contra el fraude y la economía sumergida.
•Eliminación de la relación entre el grado de absentismo de un trabajador y el de la plantilla para poder justificar un despido objetivo.

Luis de Guindos presenta la reforma del sistema financiero español

El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha adelantado hoy los puntos principales de la reforma del sistema financiero que tiene previsto aprobar mañana el Gobierno presidido por Mariano Rajoy. Se aprobará mediante Decreto Ley, y su principal objetivo es acelerar el saneamiento de la banca y reducir su tamaño. En principio, el coste de esta reforma se mantiene en lo previsto, 50.000 millones de euros, de los que la mitad deberán salir de los beneficios de las entidades bancarias.

Aumento de provisiones en la reforma del sistema financiero

Las principales novedades presentadas por de Guindos se refieren al importe de las provisiones que deberán dotar los bancos, sobre todo en los activos relacionados con el sector inmobiliario.
Para los activos considerados problemáticos, se establecerá una provisión específica, con una dotación extraordinaria con cargo a los resultados de la banca, de 25.000 millones de euros. Además, se deberán crear provisiones por un 20% del valor en caso del suelo, y del 15% para promociones en curso. Estas provisiones se prevé que vayan contra los beneficios no distribuidos, ampliaciones de capitales, o conversiones de preferentes o bonos convertibles. Se calcula que estas provisiones sean de un importe total de 15.000 millones de euros.
En cuanto a los denominados activos no problemáticos, y que estén asociados a la promoción inmobiliaria, la provisión genérica a dotar será del 7%. Se crea esta provisión como protección frente al previsible deterioro de este tipo de activos. El importe de estas provisiones se estima en 10.000 millones de euros.

Bajada de precios e incentivo a las fusiones

De Guindos ha anunciado que estas provisiones deberán estar realizadas en su totalidad el 31 de diciembre de 2012, ya que el Gobierno quiere rapidez para reactivar el crédito.
Estas medidas deberían producir una rebaja del precio de las viviendas en posesión de los bancos, ya que los bancos necesitarán desprenderse de parte de sus activos inmobiliarios, con lo que deberán facilitar el crédito para adquirirlas a los ciudadanos.
Otro de los aspectos a los que se ha referido el ministro de Guindos es a las fusiones bancarias. Muchos de los bancos y cajas españoles deberán fusionarse para poder cumplir con las exigencias de provisiones reflejadas en la reforma del sistema financiero.
En el caso de que se fusionen, las nuevas entidades resultantes dispondrás de un año más para poder cumplir con las exigencias de provisiones. Lo que no admitirá el nuevo sistema financiero serán los Sistemas Institucionales de Protección (SIP), llamadas también “fusiones frías” o de baja intensidad, y se exigirán contratos societarios, con uniones más sólidas.
De Guindos ha manifestado que "no se cuántas van a quedar después del proceso, pero lo que se pretende es tener un sistema bancario con entidades más sólidas, más saneadas y con mucho mejor gobierno corporativo”.

Ayuda del FROB

En cuanto al Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria (FROB), su dotación se elevará de 9.000 millones a 15.000, pero su capacidad de endeudamiento se mantendrá en 90.000 millones de euros. Este endeudamiento no computa como déficit para el país, sino como deuda.
Las entidades que estén en fase de fusión y podrán solicitar préstamos al FROB a un tipo de interés “de mercado”, y según el ministro de Economía, “no costará dinero a los contribuyentes”. A cambio, las entidades financieras entregarán al FROB bonos convertibles, que servirán como garantía en caso de no devolverse el préstamo.
En principio, el plazo de dos años para cumplir con los niveles de provisiones sólo será para nuevas entidades fusionadas a partir de la entrada en vigor del Decreto Ley, mientras que las entidades recientemente fusionadas no tendrán esta ventaja, aunque se les dará acceso a los fondos del FROB.